El esputo de la vicepresidenta Carmen Calvo a la separación de poderes
El pasado miércoles, en la sesión de control al gobierno en el Congreso, el escupitajo de un diputado independentista de ERC al Ministro de Exteriores Borrell no fue el único que se produjo en el hemiciclo. La vicepresidenta Carmen Calvo también aprovechó su réplica a la intervención de Girauta sobre la independencia judicial para, en sentido metafórico, esputar sobre la separación de poderes y el Estado de derecho. Se trata, en mi opinión, de un escupitajo tanto o más grave que el anterior sobre el que pocos repararon.
Ni que decir tiene que ninguno de los dos gargajos con los que se nos deleitó desde el Congreso mereció reprobación expresa por los miembros del ejecutivo socialista ni de su partido: al tiempo que abandonaban a su ministro frente a quienes le acusan de mentiroso, jaleaban una intervención de Calvo en la que ésta enterraba lo que queda de Montesquieu tras estos aciagos días, críticos para la salud democrática de nuestro país.
La Sra. Calvo afirmó, con total convencimiento y sin temblarle la voz, que: “la Constitución establece que todos los órganos constitucionales del Estado y todos los poderes del Estado salgan de aquí, que aquí (el Congreso) es donde estamos todos los españoles”.
Se trata de una interpretación sui generis del art. 117 de nuestro texto constitucional que subvierte el principio de legitimación democrática, con el único e interesado fin de trasladar al oyente la errónea creencia de que, como todos los poderes del Estado emanan del pueblo, y éste está representado en el parlamento a través de los diputados electos, todos los poderes, incluido el judicial, están sometidos al control parlamentario. Ya se pueden imaginar que esto, por suerte, no es así. No en los Estados democráticos de Derecho.
El artículo 117 de la Constitución establece que: “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Está así estrechamente ligado con el art. 1.2, que declara que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
La expresión “la justicia emana del pueblo” no es más que una manifestación del principio de legitimación democrática, que evidentemente no supone que sea el pueblo, o sus representantes electos, quienes administren directamente justicia ni elijan a los Jueces y Tribunales. Ni mucho menos implica que estos tengan que rendir ante el pueblo sobre las decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones y con arreglo a la ley.
La vicepresidenta sabe sobradamente, dada su condición de doctora en derecho constitucional, que su interpretación del art. 117 CE responde a esquemas totalitarios
Lo que emana del pueblo es la configuración de tres poderes independientes, uno de ellos el judicial, que está sometido ÚNICAMENTE A LA LEY, pues este sometimiento exclusivo redunda en la independencia de los jueces y magistrados y, por ende, en la propia separación de poderes, sin la cual la democracia no es posible.
La vicepresidenta sabe sobradamente, dada su condición de doctora en derecho constitucional, que su interpretación del art. 117 CE responde a esquemas totalitarios, en los que las garantías procesales y la seguridad jurídica son inexistentes.
Pero sus declaraciones no deben sorprendernos demasiado. Basta enmarcarlas en la actual espiral de instrumentalización institucional por parte del gobierno para garantizar su supervivencia política en el poder, la cual depende de unos socios acusados, precisamente, de intentar subvertir el orden constitucional e ignorar el imperio de la ley, de la que jueces, magistrados y fiscales se han erigido en baluartes, y a los que no nos queda más que agradecer su empeño en que se respeten las normas y principios que garantizan nuestra convivencia, frente a quienes se han empeñado en escupir sobre ellas.
Resumen: El gobierno cada día se esconde menos en la manipulación, y en sus ansias de tener una democracia formal a la venezolana, sin independencia de poderes. (Acordaros de esto si la cosa va a peor)
